Nuestra vigente Constitución no avala, no justifica ni de lejos, la posibilidad de que en Venezuela se aplique la pena de muerte o se otorgue licencia para matar. No existe en el ordenamiento jurídico nacional lugar para ello. Pero, en la práctica, en lo cotidiano, ocurre lo contrario. Son muchísimos los ciudadanos que pierden la vida, que se les arranca la misma en circunstancias violentas, que se les asesina.
Unos, gran cantidad, fallecen a manos del hampa, delincuencia común. Pero aún mucho más grave, también en las últimas semanas se ha hecho evidente, incluso internacionalmente, que aquí se está matando por intolerancia política, mediante represión desproporcionada de los propios organismos dependientes del Estado así como por el brazo ejecutor de sospechosos y diversos grupos violentos armados (que actúan como infiltrados o no). Hay hoy y ha habido antes crímenes políticos en Venezuela. Es indispensable investigar imparcialmente y a fondo, castigar a los auténticos culpables e informar la verdad de lo acontecido.
La protesta estudiantil y ciudadana en las calles del país se ha enardecido sin perder su justificación original pacífica producto de improcedentes actuaciones por parte del gobierno. El ejecutivo nacional ha solicitado la paz y el diálogo, pero por medio de excesos: a golpes, a bombazos y perdigonazos, a plomo de algunos de sus funcionarios… con verbo extremo, discursos desafiantes, vejaciones, celebraciones ofensivas y nada consideradas con el duelo de tantas familias. Estoy convencido que más que impulsar un modelo o programa de gestión gubernamental, lo que se intenta desplegar y consolidar es un sistema de dominación, rechazado incluso por sectores chavistas con gran temor a manifestarse con claridad.
El movimiento estudiantil venezolano, los periodistas y medios de comunicación, los sindicatos de trabajadores, los colegios profesionales, los industriales, los artistas, los deportistas, los emprendedores, los enfermos o la gente tatuada no son los culpables de la difícil situación que se está viviendo.
Ya es tiempo de excarcelar a inocentes detenidos, así como de facilitar el retorno a su país de perseguidos políticos.
Hay que detener la violencia y la exclusión, abrir campo a los ciudadanos, a los sectores populares, construir –en colaboración y seriamente comprometidos– la gran nación que todos aspiramos. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad.
Soy activista en pro de una democracia verdadera, plena; por la vida y la paz. Decididamente a favor de las libertades de expresión e información, de creación. Me identifico, promuevo, defiendo y acciono: ¡Que los Derechos Humanos valgan para todos!
No a la censura. No a la represión. No a la tortura. No a la barbarie. Ni pena de muerte ni permiso para matar.
Los venezolanos estamos reclamando justicia, bienestar, tranquilidad y desarrollo; que la Constitución Nacional no sea letra muerta, que nos libere y se libere a sí misma de manipulaciones; que sea fuente de nuevas ideas democráticas que transformen en positivo nuestro mundo.
Hoy es preciso defender a unos, mañana si fuese necesario a otros. Tener presente que no siempre se es mayoría. Construir sobre las coincidencias.
Los invito a esta lucha ahora y siempre. Es la que a lo largo de la historia engrandece a los pueblos, nos hace independientes y libres como personas, y la cual permite contribuir al mejoramiento de nuestra civilización.
Germán Febres Ch / @FebresCh
Para diariodecaracas.com e Informe21.com
Caracas, 24 de febrero de 2014
Magdalena Arria
